Al margen de la ley

MCH_POLICÍA COMUNITARIA
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@cocuaguilar

Si Juan viene a mi casa, me roba la tele, mata a mi perro y se lleva mi coche, yo puedo, con todo el derecho del mundo, ir a su casa, robarle la tele, matar a su gato e incendiar su auto. Es lo justo. O si un grupo de barbajanes viene y ataca a mis amigos, nosotros podemos ir a atacarlos con cuchillos y sacarles los ojos y las tripas.

Justo para evitar el tipo de barbaridades que describí en el párrafo anterior, los ciudadanos cedemos el derecho que tenemos de ajusticiarnos por cuenta propia al Estado, quien se encargará de impartir justicia; dicho de otro modo, es el Estado quien posee el monopolio de la violencia. Así, cuando Juan haga sus salvajadas, lo denuncio y va a la cárcel.

¿Pero qué pasa si Juan viene a mi casa, me roba la tele, mata a mi perro y se lleva mi coche y la justicia no hace nada? Puedo hacer justicia por mi propia mano, pero corro el riesgo de que a mí sí me caiga encima el peso de la ley.

Esa, les cuento, es la historia de miles de mexicanos en este país. Gente que ha vivido la violencia en carne propia: asesinatos, violaciones, secuestros, y que se han enfrentado al imperio de la impunidad.

En días recientes, ha cobrado relevancia el tema de los grupos de autodefensa -o policía comunitaria- en la Costa Chica de Guerrero, en Ayutla, específicamente. Grupos civiles que operan al margen de la ley -o mejor dicho, que tienen su propia ley- y tienen la autofacultad de colocar retenes y detener a quienes ellos piensen que son criminales. Una situación donde la inexistente autoridad del Estado ha sido suplantada por estos tipos encapuchados que portan armas largas y, sin broncas, podrían ser confundidos con miembros del crimen organizado.

La pregunta es: ¿qué con estos grupos?

No cabe duda de que son una respuesta a la ineficiencia del aparato del Estado para impartir justicia, algo similar a lo que sucede cuando ciertas comunidades deciden linchar a los sujetos -algunas veces presuntos- que roban o secuestran. Sin llegar a ese extremo, esa es la función de esta policía comunitaria: un grupo de civiles que, hartos de la inseguridad, decidieron formar un grupo de autodefensa.

Los pobladores de Ayutla no tienen queja alguna. Y no son inapropiadas este tipo de organizaciones, de hecho, muchos países desarrollados cuentan con grupos de esta naturaleza (claro, no están encapuchados ni portan rifles). El problema viene a la hora de la impartición de justicia. El sistema de justicia del país es un tanto imperfecto, pero qué diferencia hay entre esto y un tribunal de la policía comunitaria donde si se es culpable o no depende enteramente del juicio de unos tantos que, dudo mucho, tengan conocimientos básicos en materia de derecho y justicia.

Esta situación debe llamar la atención del Gobierno Federal porque, independientemente de si estos grupos actúan al margen de la ley, o está mal que existan o está bien, debe ser una llamada de atención al Gobierno, ya que algo están haciendo mal.

Foto: Proceso

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